Luego del embate del huracán María, hace dos años, quedó al descubierto lo vulnerable en que se encuentra nuestro patrimonio cultural.

Documentos, obras de arte, edificios históricos y bibliotecas, se vieron seriamente afectados, no únicamente por las fuertes lluvias y vientos provocados por el ciclón, sino por la falta de energía eléctrica que aceleró el deterioro de muchos de estos bienes. Aunque diversas entidades culturales, tanto públicas como privadas, han hecho múltiples esfuerzos para proteger y conservar el patrimonio, existe una gran preocupación sobre su futuro ante los constantes recortes presupuestarios dirigidos a estas áreas.

Después del huracán, nada ha cambiado en esa dirección, sino todo lo contrario. En el año fiscal 2017 el presupuesto consolidado para el funcionamiento y operaciones del Archivo General, Biblioteca Nacional de Puerto Rico y Publicaciones y Grabaciones fue de $2.1 millones, mientras que hoy suma $897,000, lo que representa una reducción de $1.2 millones.

Estos fondos salen del ya limitado presupuesto del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), pues en el 2016 se eliminó la asignación que iba directamente para atender estas áreas. Las ayudas que han recibido las instituciones culturales de parte de organizaciones sin fines de lucro tanto de Puerto Rico, como de Estados Unidos, así como los diversos programas federales dedicados a patrimonio y conservación, han sido claves para ayudar en esa dirección.

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Aunque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha sido efectiva en informar y orientar a muchas de estas instituciones, lo cierto es que la burocracia de la agencia ha afectado el desembolso de los fondos que se necesitan para salvaguardar el futuro de nuestro patrimonio.

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