El Estado no puede renunciar a su responsabilidad de proteger áreas naturales críticas que mitigan los efectos del cambio climático y nutren la biodiversidad, en equilibrio con el desarrollo sostenible.

Año y medio después de la declaración de las reservas, la Junta de Planificación ha propuesto un nuevo proceso para revaluar las designaciones y someterlas otra vez a la firma del gobernador. Adujo para ello la aprobación expedita de dichas delimitaciones en el último mes del cuatrienio pasado, lo cual también debe analizarse.

Las declaraciones de las reservas naturales de Mar Chiquita, en Manatí; Finca Nolla, en Camuy; Humedal Playa Lucía, en Yabucoa; Río Camuy, en Hatillo y Camuy; Punta Cabuyones, en Ponce; Punta Guilarte, en Arroyo; y Punta Petrona, en Santa Isabel, quedaron sin efecto mediante orden ejecutiva el pasado 3 de julio. Las demarcaciones formaban parte de siete planes sectoriales que especifican los usos permitidos en esos terrenos. Todos fueron aprobados en diciembre de 2016.

El gobierno plantea que el trámite se realizó de forma “atropellada y rápida”, lo que, según alega, ha provocado problemas de implementación. La Junta de Planificación determinó también que la insuficiente participación ciudadana en la elaboración de los planes provocó usos conflictivos de los suelos.

El gobierno ha rechazado que la anulación de la declaración de reserva deje vulnerables a las tierras, porque estas se mantienen bajo la clasificación de suelo rústico especialmente protegido en el Plan de Uso de Terrenos. Dicho documento, cuya confección le tomó a Puerto Rico más de una década, es herramienta base para la planificación inteligente y ordenada del uso de nuestras tierras. Es resultado de un amplio proceso de consulta que conllevó más de un centenar de reuniones, y recibió comentarios de cientos de ciudadanos.

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