Un nuevo reglamento para el uso de suelos en Puerto Rico —propuesto por la Junta de Planificación (JP)— permitiría el desarrollo de proyectos en zonas que hasta ahora no están permitidas —como reservas naturales o áreas de alto valor agrícola— y no adapta sus condiciones al cambio climático ni a la constante actividad sísmica en la Isla.

Ese es el planteamiento de entidades defensoras del ambiente, los recursos naturales y la actividad agrícola, y del expresidente de la JP, Luis García Pelatti, quien entre otras personas asegura que el cambio propuesto tendrá serias repercusiones.

La discusión del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos del 2020 se da en momentos en que la atención ciudadana se concentra en la emergencia del Covid-19 y a menos de 40 días de las elecciones generales. Se trata de un documento técnico de más de 900 páginas, el cual podría ser aprobado en cualquier momento luego del 9 de octubre.

Con esto se cambiarían muchas de las reglas de planificación que rigen la convivencia ciudadana en la infraestructura que nos rodea, advirtió a EL VOCERO el economista y expresidente de la JP.

Explicó que el reglamento contiene 12 tomos que cambian el uso y la intensidad de los terrenos, lo que provocaría que incluso en predios adquiridos en urbanizaciones se puedan construir comercios, hospederías, hospitales y hasta un cementerio.

“A través de un proceso general no puedes cambiar los planes de los municipios y eso es lo que está haciendo la junta bajo el pretexto —aunque sea equivocado— de que lo mejor para Puerto Rico para dar permisos es que todos los distritos de Puerto Rico sean iguales. Los distritos de Caguas se nombran de una manera y los de San Juan de otros, y ellos con la intención de que esto se unifique han hecho este proceso”, expresó García Pelatti.

Para la presidenta interina de la JP, Suheidy Barreto, el documento bajo análisis busca agilizar los procesos de planificación y permisos. “El reglamento conjunto tiene como propósito primordial crear un sistema de evaluación y tramitación de permisos para el desarrollo integrado y uniforme en todos los municipios. Además, es importante para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, integrando los procesos de planificación en busca de un desarrollo balanceado”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

Críticas al proceso

García Pelatti criticó que se traiga el asunto a la discusión en este momento, cuando hay dificultades para que la ciudadanía participe de vistas debido a la situación del Covid-19. “Es importante que sepan que ese reglamento no adapta cuestiones del cambio climático, no habla claramente de los peligros de marejadas y tsunamis. Se siguen permitiendo construcciones en zonas de tsunami y eso es una cosa que se debió haber dicho y no se corrige porque eso sí es muy peligroso porque el cambio climático nos está afectando”, señaló.

Las vistas públicas en la Junta de Planificación sobre el documento comenzaron el pasado martes y concluyeron ayer, pero las organizaciones y ciudadanos tendrán hasta el 9 de octubre para someter ponencias. Algunas entidades elevaron su reclamo ayer a La Fortaleza para que frene la aprobación del documento, que se da luego de que el Tribunal de Apelaciones declarara nulo un reglamento similar con fecha de 2019.

“La prisa de la Junta de Planificación es como le han declarado nulo el de 2019 lo que le queda es ir al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ellos necesitan tener aprobado otro reglamento antes de que el Supremo les diga que el del 2019 es nulo”, dijo García Pelatti.

La posición de la JP es que ha actuado según el debido proceso y se han dispuesto los mecanismos de discusión.

“En cuanto al proceso de vistas públicas se realizaron vistas cinco presenciales y cinco virtuales a nivel isla. En la misma participaron agencias estatales y municipios, así como organizaciones del sector privado y ambiental, además de ciudadanos particulares. Luego de estas vistas se estarán evaluando todos los comentarios recibidos, ya que el último día para someter los comentarios es el 9 de octubre de 2020”, detalló Barreto.

García Pelatti ve el proceso con dificultad porque sostuvo que el reglamento no prohíbe construcciones sobre fallas sísmicas y no permite visualizar cuál sería su impacto en zonas de valor agrícola y natural. “En áreas naturales, a Piñones en Loíza lo impacta fuertemente”, agregó.

“Cuando entras a Piñones hay un área verde a la izquierda y si a la persona de permisos le presentan un plan pues puede construir un hotel en ese lugar. Piñones tiene un plan muy especial que se ha peleado hasta en los tribunales desde el año 1996 que solo identifica tres lugares donde se pueden construir hoteles. Ahora bajo todo este concepto todo este reglamento lo destroza porque puedes hacer un hotel en ese lugar, pero en los sectores comunitarios también se van a permitir hoteles que antes no se permitían”, detalló.

En peligro áreas agrícolas

Por su parte el portavoz del Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Alfredo Vivoni Remus, alertó que el reglamento ajusta categorías que permiten que se construyan fincas de energía renovable en áreas agrícolas protegidas por ley. También mencionó que permitirá que construyan urbanizaciones pequeñas, almacenes y empresas emergentes en zonas agrícolas.

“Lo primero es que a falta de un mapa donde puedas ver los efectos de cada uno de los distritos que ellos proponen, básicamente te estás imaginando distritos en el abstracto, pero no ves concretamente el impacto que tendría en la geografía de Puerto Rico y eso es un problema grandísimo. Los distritos que proponen lo que hacen es barrer por el piso las reservas agrícolas aprobadas y delimitadas por ley”, señaló.

Destacó además la importancia de proteger las zonas agrícolas necesarias para lograr seguridad alimentaria. “Ahora mismo, entre Lajas y Guánica hay un área que el plan de uso de terreno identificó con uso protegido agrícola; pues en esa área hay un proyecto —que sería el más grande del Caribe— para generar 165 megavatios de energía en alrededor de 1,700 cuerdas de terreno de valor agrícola”, sostuvo.

Amenaza al corredor del noreste

Marissa Reyes, coordinadora de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, advirtió que el reglamento propuesto viabiliza un aumento en hospederías en zonas naturales.

“Lo que hemos ido observando es que permitiría el desarrollo de habitaciones en el Corredor Ecológico del Noreste a pesar de que es una ley y tiene unos espacios de conservación amplios. Eso se perdería. Igualmente, desarrollos en Isla Verde a pesar de lo desarrollado que ya está y por lo menos esas cosas son las que hemos ido observando”, expresó.

Tanto Reyes como Vivoni Remus solicitaron a la Junta de Planificación 120 días adicionales para nuevas vistas públicas ya que, a su juicio, las celebradas hasta el momento han sido “bastante desastrosas” e injustas por la situación del coronavirus.

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